La CIDH advierte un punto de inflexión de la libertad de expresión en internet y convoca a diálogo en la región

Particularmente reconocen que el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, las decisiones y los modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Se trata de un desafío regional que afecta a todos los Estados de las Américas, que contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones.

Esta Comisión y su Relatoría sostienen que los derechos humanos gozan de la misma protección y amplitud en entornos analógicos y digitales. Internet es una plataforma y un medio para el ejercicio de los derechos humanos como la libertad de expresión, la participación política, los derechos de asociación y reunión, derechos económicos, sociales y culturales entre otros. Los Estados están llamados a garantizar las condiciones necesarias para el goce y ejercicio de estos derechos.

Para la CIDH y su RELE es deseable que las discusiones democráticas sean amplias y con plenas garantías para la controversia, esto las hace vigorosas y plurales. En este sentido, quienes protagonizan debates de interés general participan de un espacio público que también están llamados a cuidar. Mientras el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, la violencia y los discursos que alientan al odio erosionan el sistema democrático. La CIDH manifiesta su preocupación por las grietas en los sistemas de partidos, así como en los frenos y contrapesos institucionales y hace un llamado a que sumen esfuerzos para asegurar que las personas con posiciones de notoriedad o que aspiran a cargos de representatividad contribuyan activamente a que las deliberaciones democráticas estén libres de violencia, desinformación, odio y manipulación.

La Declaración Conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión ya alertaba en 2017 sobre cómo la desinformación, la violencia, la polarización social atentan contra la integridad de la democracia y la vigencia de derechos humanos, afectando principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. En este marco, la Comisión y su Relatoría recogen la preocupación que ha surgido en la región en torno a la plena vigencia de los derechos humanos en internet e invitan a los Estados miembros de la OEA a reflexionar conjuntamente sobre los desafíos que este momento implica. Las respuestas a esta problemática, tanto desde el sector público como desde el sector privado han de estar necesariamente ajustadas al marco del derecho internacional de los derechos humanos. 

La CIDH reconoce los esfuerzos para aumentar la conectividad a internet en la región, sin embargo, lamenta la ausencia de esfuerzos efectivos que atiendan la urgente necesidad de avanzar en programas de alfabetización digital orientados al desarrollo de habilidades cívicas en perspectiva de convivencia democrática y con enfoque de derechos humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión desde el año 2013 incorporó esta recomendación en su informe Libertad de Expresión e Internet, la reiteró en los Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente (2016) y señaló recomendaciones al respecto en su Guía frente a la desinformación deliberada en contextos electorales (2019). Es trascendental que el hemisferio avance en marcos que faciliten el desarrollo de esta tarea pendiente a través de procesos sostenidos y plurales que tomen en consideración enfoques diferenciales con especial atención a las personas más vulnerables. 

La pluralidad y diversidad hacen parte esencial de la libertad de expresión y en este marco el régimen interamericano, al igual que el universal y el europeo, distingue especialmente la protección de ciertos discursos, como el discurso político y el de interés público. Los bloqueos masivos, la remoción de contenidos, la suspensión permanente de usuarios, o lo que en los últimos días se ha dado en llamar "deplatforming" son medidas severas que han de ser evaluadas a la luz de estándares internacionales de libertad de expresión particularmente tratándose de información de interés público o funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

Uno de los retos inevitables es detectar participativamente consensos que contribuyan a establecer criterios claros -conforme a derechos humanos- para que la moderación de contenidos en Internet esté acorde a las aspiraciones de democracias abiertas, con pluralidad de voces, medios, plataformas y oportunidades. Dichos criterios han de responder a la necesidad de claridad y especificidad de las restricciones, velar por la no discriminación, y considerar su escalabilidad y replicabilidad.  No es claro que, en los debates electorales venideros, quienes toman estas decisiones, cuenten con contexto equivalente al que tienen en los países donde están basadas.

La posición de garante de los derechos humanos hace que los Estados estén llamados a acompañar este proceso velando por regímenes de responsabilidad de intermediarios que incentiven el desarrollo tecnológico, brinden seguridad jurídica, y faciliten la implementación de estándares de derechos humanos en todos los sectores respetando los mecanismos propuestos por la gobernanza multisectorial, abierta y plural de Internet.

La CIDH invita a trabajar conjuntamente en el abordaje de los desafíos expuestos y ha encomendado a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión a que trace una ruta de diálogo interamericano que incluya la convocatoria a un grupo de trabajo integrado por Estados, sociedad civil, reguladores y plataformas de tecnología con el fin de formular recomendaciones que contribuyan con mejorar las condiciones del debate democrático, recojan experiencias de alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas, y ayude a compatibilizar la moderación de contenidos en internet con estándares de derechos humanos. Al cierre de ese proceso la Comisión recibirá un concepto de la RELE y evaluará dentro de los mecanismos a su disposición el que considere más idóneo para proponer estándares interamericanos que atiendan estos desafíos. La CIDH alienta a todas las partes interesadas a que acompañen y participen de ésta iniciativa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.