Gatillo Fácil en Córdoba: un patrón sistemático de violencia estatal durante la gestión Llaryora

El Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba presentó una análisis de los casos de gatillo fácil en Córdoba durante los primeros meses del gobierno de Llaryora que revela la existencia de un patrón sistemático de violencia estatal que afecta desproporcionadamente a jóvenes de sectores populares. 

El informe completo: 

Este informe documenta un patrón sistemático de violencia institucional caracterizado por la impunidad, el uso excesivo de la fuerza letal y la criminalización de las víctimas, donde todos los agentes involucrados permanecen en libertad pese a estar imputados. La investigación revela que la mayoría de estos homicidios ocurrieron en contextos de presuntos robos, con víctimas de entre 15 y 31 años, y se concentraron en los primeros meses de 2024, sugiriendo una escalada en la represión estatal contra sectores vulnerabilizados de la sociedad cordobesa. Contexto Político y Social del Gatillo Fácil en Córdoba

El fenómeno del "gatillo fácil" en Córdoba no constituye un conjunto de hechos aislados, sino una política deliberada del Estado provincial que se ha profundizado durante las últimas gestiones gubernamentales. La llegada de Martín Llaryora al poder en diciembre de 2023 no representó un cambio en esta tendencia represiva, manteniéndose la misma línea política implementada por sus antecesores Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. 

Las organizaciones de derechos humanos han caracterizado estos homicidios como "represión estatal" antes que "violencia institucional", término que consideran insuficiente para describir la dimensión política de estos crímenes. Esta caracterización responde a la identificación de un patrón sistemático que trasciende las acciones individuales de "manzanas podridas" para configurarse como una respuesta deliberada del Estado contra ciudadanos que habitan barrios populares, periféricos e históricamente vulnerados. La persistencia de esta problemática se evidencia en las movilizaciones ciudadanas, como la "Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil" realizada el 27 de agosto de 2024, que congregó aproximadamente 4000 personas en el centro de Córdoba. Esta manifestación, conocida también como "Marcha de la Gorra", constituye un espacio de denuncia que las familias y organizaciones utilizan para visibilizar una problemática que muchos sectores, incluso progresistas, prefieren no discutir.

 Análisis Cronológico de los Casos Documentados

Según un artículo del medio Enfant Terrible publicado el 27 de agosto de 2024, se registraron al menos diez casos de "gatillo fácil" en la provincia de Córdoba durante los primeros ocho meses de la gestión del gobernador Llaryora. El artículo menciona los siguientes nombres y meses estimados de los hechos:

Mauro Alejandro Bustos: Enero de 2024. Víctor Ariel Tortosa: Febrero de 2024. Rodrigo Gómez y Emiliano Pastore: Febrero de 2024. (Dos víctimas en un mismo hecho)

Abel Cortez: Febrero de 2024. Elías Moreno: Marzo de 2024. Rodrigo Sebastián Arce: Abril de 2024. Braian Quinteros: Mayo de 2024. Mariano Savioli: Mayo de 2024. 

Caso por caso:

Enero 2024: El Caso Mauro Alejandro Bustos

El primer caso documentado ocurrió el 13 de enero de 2024 en el Barrio Cuesta Colorada, La Calera, cuando el sargento Mariano Nelson Rossi asesinó con su pistola reglamentaria a Mauro Alejandro Bustos, de 31 años. El oficial acusó al joven de haberle robado una garrafa, sin embargo, la justicia no pudo determinar la veracidad de esta acusación. Lo que sí se probó fue que Rossi persiguió a Bustos sin denunciar previamente el presunto robo y cuando lo encontró le disparó. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 4, a cargo de Liliana Copello, ordenó la detención del oficial e imputó al sargento por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", pero Rossi se encuentra en libertad. 

Febrero 2024: Una Escalada de Violencia Letal

El mes de febrero se caracterizó por una concentración de casos que evidenció una escalada en la violencia policial. El 4 de febrero, en el Lago Villa Dalcar de Río Cuarto, un policía de civil cuyo nombre no trascendió hirió de muerte a Víctor Ariel Tortosa, de 19 años. El joven fue encontrado sin vida con un disparo de arma de fuego a la altura del tórax, tras un presunto intento de robo a mano armada. La Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Fernando Moine, catalogó la causa como "homicidio agravado por uso de arma de fuego", pero el oficial se encuentra en libertad ya que el fiscal sostiene que actuó en "legítima defensa". Este caso establece un patrón que se repetirá en la mayoría de

los homicidios: la utilización de figuras jurídicas como la "legítima defensa" para garantizar la impunidad de los agentes. 

Cinco días después, el 9 de febrero, ocurrió una doble tragedia en Barrio Marqués de Sobremonte. Rodrigo Gómez, de 17 años, y Emiliano Pastore, de 19 años, murieron en el contexto de una persecución policial tras evitar un control. Los jóvenes se dirigían en una motocicleta sin luces y uno de ellos sin casco, según el reporte policial. La persecución finalizó cuando los motociclistas impactaron contra un colectivo de la línea C1 de la empresa TAMSE, falleciendo ambos al instante. Significativamente, no hay imputados por este hecho. El 16 de febrero, en Villa Adela, el policía Boris Rivero asesinó de un disparo en la espalda a Abel Cortez, de 26 años. El oficial alegó que el joven le había intentado robar su moto junto a otros cuando llegaba a su casa. El fiscal Luis Michelli, del Distrito 2 Turno 3, imputó al oficial por "exceso en la legítima defensa", otra figura jurídica que minimiza la responsabilidad del agente y garantiza su libertad. Marzo 2024: Violencia Extrema y Tortura

El caso más atroz documentado ocurrió en la madrugada del 10 de marzo en barrio Talleres Sud, donde los policías Marcelo Peralta y Rodrigo Gorosito asesinaron a Elías Moreno, de apenas 15 años. Un móvil policial embistió intencionalmente la motocicleta donde viajaban Moreno y Maximiliano Murúa, de 18 años. Tras el choque, los oficiales procedieron a golpear brutalmente al menor Elías Moreno, quien murió posteriormente en el hospital. Este caso representa una escalada en la violencia, combinando el uso del patrullero como arma y la tortura física seguida de muerte. Los policías Peralta y Gorosito fueron imputados por "homicidio doloso" pero se encuentran en libertad. 

Abril y Mayo 2024: Continuidad del Patrón Represivo

El 6 de abril, en el Barrio Ciudad de Mis Sueños, un policía retirado asesinó a Rodrigo Sebastián Arce, de 19 años, durante un presunto asalto. El agente fue imputado pero permanece en libertad, manteniendo el patrón de impunidad que caracteriza todos los casos. El 17 de mayo, en Barrio General Bustos, Braian Quinteros, de 17 años, fue baleado por un policía de 26 años que se encontraba fuera de servicio durante un presunto robo. Nuevamente, el oficial fue imputado pero se encuentra en libertad. Culminando mayo, el 28 de ese mes en el Barrio Primero de Mayo, Mariano Savioli, de 17 años, murió tras ser atropellado por un vehículo de terceros durante una persecución policial. Este caso presenta la particularidad de que no se imputó a policías, aunque la investigación continúa por posible complicidad de terceros. 

Julio 2024: Unos de los Últimos Caso Documentado

El 18 de julio, en Barrio Las Palmas, el sargento Emilio Andreani, ex militar, asesinó a Agustín García, de 19 años, durante un presunto robo. Andreani fue imputado pero se encuentra en libertad por falta de pruebas suficientes, cerrando un período de siete meses caracterizado por la violencia letal sistemática. 

Una ultima sistematizacion proviene de un artículo publicado por La Tinta el 27 de agosto de 2024, titulado "10°MNCGF: en el gobierno de Llaryora, las fuerzas represivas asesinaron a 17 personas en Córdoba" (10°MNCGF: en el gobierno de Llaryora, las fuerzas represivas asesinaron a 17 personas en Córdoba). Este reporta que, desde la asunción de Martín Llaryora como gobernador el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, se registraron 17 muertes a manos de fuerzas represivas en Córdoba. De estas, 11 fueron clasificadas como casos de "gatillo fácil", definidos como situaciones de persecución o torturas durante detenciones, mientras que las otras 6 ocurrieron en contextos de encierro. La lista de víctimas incluye:

Alejandro Bustos, Víctor Tortosa, Rodrigo Gómez, Emiliano Pastore, Abel Cortés, Luis Alberto Cena, Jacob Álvarez, Carlos Sebastian Bereciartua, Elías Moreno, Sebastián Arce, Alan Savioli, Agustín García, Darío Vidal, Franco Moreno y dos jóvenes de 17 y 18 años (identidades desconocidas)

Estos datos fueron proporcionados por el Frente Antirrepresivo en Lucha, una organización que monitorea casos de represión estatal- Patrones Sistemáticos de la Represión Estatal

Perfil de las víctimas y contextos de los homicidios

El análisis de los casos revela patrones estructurales que desmienten la narrativa oficial de "hechos aislados". Las víctimas tienen entre 15 y 31 años, con una edad promedio cercana a los 18 años, evidenciando que la represión estatal se dirige específicamente contra jóvenes de sectores populares. La mayoría de los hechos (7 de 10 casos) sucedieron en presuntas situaciones de robo, lo que indica que el Estado utiliza la criminalización de la pobreza como justificación para el uso de fuerza letal. Esta caracterización sistemática de las víctimas como "delincuentes" forma parte de un dispositivo de legitimación de la violencia estatal que revictimiza a las familias. 

Los impactos de bala se concentraron por arriba de la cintura, sobre todo en el tórax, espalda y cabeza (6 de 10 casos), lo que demuestra la intención letal de los disparos. Significativamente, no se registran heridas en la parte inferior de la cadera, descartando la posibilidad de disparos disuasorios o de contención. Modalidades de la Violencia Institucional

La investigación identifica diversas modalidades empleadas por las fuerzas de seguridad que trascienden el uso del arma reglamentaria. Cuatro de los diez jóvenes murieron en accidentes durante persecuciones policiales, evidenciando que la violencia letal no se limita al uso directo de armas de fuego. 

En dos casos se utilizó el patrullero como arma, mientras que el caso de Elías Moreno incluyó tortura física seguida de muerte. Esta diversificación de métodos revela la sistematicidad de la represión y la ausencia de protocolos que garanticen el respeto a la vida y la integridad física. La participación de agentes tanto en funciones (5 de 10) como de civil (3 de 10), demuestra que la violencia trasciende el ejercicio formal de la función policial. Dos hechos involucraron a un ex agente policial y un militar que trabajaba de guardia privado, indicando que la represión no se limita a los agentes de "seguridad interior" sino que se extiende a todo el aparato represivo del Estado. 

El Sistema de Impunidad

Todos los policías implicados en estos diez hechos criminales se encuentran imputados pero en libertad, configurando un sistema de impunidad que garantiza la repetición de los hechos. Esta situación evidencia la responsabilidad integral del Estado, donde los poderes judicial, el sistema penitenciario e incluso el sistema sanitario legitiman y accionan en complicidad con las fuerzas policiales. El uso recurrente de figuras como "legítima defensa" o "exceso en la legítima defensa" como carátulas atribuibles a estos agentes no hace más que revictimizar, criminalizar y violentar a las víctimas de homicidios cometidos por funcionarios públicos y a sus familias. Esta construcción jurídica forma parte del dispositivo de impunidad que caracteriza la política represiva provincial. La Respuesta Social y las Limitaciones del Registro

Movilizaciones y resistencia popular

La persistencia de la violencia estatal ha generado respuestas organizadas de la sociedad civil, cristalizadas en la "Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil" que se realiza anualmente en Córdoba. Estas movilizaciones tienen una impronta artística que trasciende la denuncia para configurarse como espacios de resistencia cultural donde "familiares de víctimas de la represión se abrazan, cantan y lloran". La consigna "Basta de gatillo fácil, basta de represión policial, basta de violencia policial" sintetiza las demandas de justicia y transformación del modelo de seguridad.

Subregistro y represalias

La investigación incompleta identifica limitaciones estructurales en el registro de casos que sugieren un subregistro significativo. Una gran mayoría de las familias damnificadas no se animan a denunciar los hechos ni a profundizar las investigaciones debido a las represalias y amenazas realizadas por la fuerza policial o al lento accionar del Poder Judicial. Es posible que existan casos no reportados en fuentes accesibles, como registros judiciales o informes de derechos humanos[1], lo que indicaría que los 17 casos regsitarados representan solo una fracción de la violencia estatal real. Responsabilidad Política y Continuidades Estructurales

El gobierno de Llaryora y las continuidades represivas 

Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil reconocen a Martín Llaryora como el "responsable político" de estos crímenes, señalando que "sigue con la misma política que sus antecesores: Schiaretti y De la Sota". Esta caracterización evidencia que el problema trasciende las gestiones individuales para constituirse como una política de Estado que se mantiene independientemente de los cambios gubernamentales. La ausencia de casos documentados para 2024 y 2025 en fuentes públicas no debe interpretarse como una mejora en la situación, sino como una posible mayor opacidad en el registro o una etapa preliminar de investigaciones que aún no han trascendido mediáticamente. 

La realización de la marcha en agosto de 2024 indica que la preocupación social persiste pese a la aparente ausencia de casos nuevos. La Dimensión Estructural de la Represión Las familias organizadas sostienen que la represión estatal con gatillo fácil constituye una respuesta deliberada en el seno del Estado contra ciudadanos que habitan barrios populares, periféricos e históricamente vulnerados y empobrecidos. Esta caracterización política del fenómeno permite comprenderlo como parte de un modelo de gestión de la conflictividad social que utiliza la fuerza letal como mecanismo de disciplinamiento. La responsabilidad no recae únicamente en la institución policial, sino que existe una responsabilidad gubernamental estatal íntegra en dicha política represiva. El sistema judicial, que garantiza la libertad de todos los imputados, el sistema penitenciario, que no ejerce ningún tipo de sanción efectiva, y el sistema sanitario, que en muchos casos no brinda atención adecuada a las víctimas, conforman un entramado institucional que posibilita y reproduce la violencia. 

Conclusiones 

El análisis de los casos de gatillo fácil en Córdoba durante los primeros meses del gobierno de Llaryora revela la existencia de un patrón sistemático de violencia estatal que afecta desproporcionalmente a jóvenes de sectores populares. Los diez casos documentados evidencian no solo la persistencia de prácticas represivas heredadas de gestiones anteriores, sino su profundización en un contexto de impunidad estructural. La concentración temporal de los casos en los primeros meses de 2023, la utilización sistemática de figuras jurídicas que garantizan la libertad de los imputados, y la criminalización constante de las víctimas configuran un dispositivo de represión que trasciende las acciones individuales para constituirse como política de Estado. La diversificación de modalidades de violencia, que incluye desde el uso de armas reglamentarias hasta el empleo de vehículos como armas y la tortura física, demuestra la ausencia de protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos. Para abordar esta problemática estructural, se requiere una transformación integral del modelo de seguridad que incluya el desmontaje del sistema de impunidad, la implementación de mecanismos efectivos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, y el desarrollo de políticas de prevención que aborden las causas estructurales de la conflictividad social sin recurrir a la criminalización

Aca se puede leer completa la sistematización: