Una deuda de la Democracia : Prestación Básica Universal de telecomunicaciones

La PBU para los servicios de telefonía celular, telefonía fija, internet y televisión paga, cumple 7 meses desde su puesta en marcha. La PBU fue decretada para que 3 millones de compatriotas que viven situaciones de pobreza e indigencia puedan acceder a los servicios de TIC. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se hanconvertido en indispensables mucho más en este tiempo de pandemia. Para realizar trámites, notificarse de pagos y fechas de vacunación, para el trabajo o teletrabajo, la educación, la salud y las relaciones sociales y recreativas, estos servicios son esenciales.

La PBU es la tarifa social de la conectividad, así como existen tarifas sociales en electricidad y gas. Las familias beneficiarias, son las mismas, tienen en común sus condiciones de vulnerabilidad.
Telefónica, Telecom y Claro expusieron, en el mes de abril (a 4 meses de efectivizarse el decreto 690/20)ante el Jefe de Gabinete, funcionarios del Enacom y la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, la cobertura otorgada mediante la implementación de la PBU; este informe revela la cantidad de beneficiarios por cada empresa, a saber: Claro 337, Personal/Telecom 1203 y Movistar/Telefónica 81803, de los 3 millones de personas en condiciones de recibir el beneficio de la PBU.

Por su parte el Enacom mostró sus 65 mil reclamos de jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, pensiones por invalidez y la Asignación por Embarazo a quienes las compañías les negaron el beneficio.

El negocio con la pobreza que realizan las Telcos, se evidencia en las políticas comerciales, amparadas por fallos judiciales, que buscan mantener el mayor tiempo posible el pago por recarga de tarjetas para utilizar los servicios de datos/internet en los celulares.

La estimación realizada en el Consejo Nacional de Políticas Sociales muestra que una familia que cobra 4000 pesos de AUH y 6000 pesos de la tarjeta Alimentar, termina gastando 2000 pesos en telefonía y otros 2000 en televisión paga. Es decir, de los 10.000 pesos que destina el Estado en ayuda a esa familia, los gigantes de las telecomunicaciones se terminan quedando con 4000.

¿Democracia o Corporaciones?

A principios de junio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención de revertir la medida cautelar dictada por la Sala II en lo Contencioso Administrativo Federal, en el mes de mayo, que le permitió a la empresa Telecom aumentar los servicios de telecomunicaciones por encima de lo autorizado por el Gobierno.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites. La Justicia Federal con su fallo a favor de Telecom Argentina S.A., suspendió la aplicación de los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable.
Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos con su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding estructurada en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. Esta decisión reestablecería la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

Favorecidas por el fallo federal, las empresas del sector anunciaron aumentos del 8% para mayo y 7% en junio, sumado a lo que ya recibieron en el primer trimestre sería un 30% de incremento; desconociendo la vigencia del DNU 690/20 que fue ratificación del Congreso de la Nación que otorga al ENACOM la autoridad para regular el precio de los servicios esenciales

Las declaraciones realizadas por funcionarios del gobierno nacional luego de la reunión de abril, dejan claro que la estrategia de ganar tiempo de las Telcos continúa siendo eficaz.

“La conectividad hoy es la plataforma de acceso a la educación y a la salud y, en ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio, para que, en 30 días, 3 millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación. Esta es la construcción de un gobierno que se pone de manera conjunta a trabajar con las telefónicas para llegar a cada hogar, manteniendo el compromiso vigente de una PBU de $ 350 mensuales, que son $ 150 de Whatsapp ilimitado y $ 200 por una giga de datos”, detalló afirmó Tolosa Paz presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Por su parte, Ambrosini presidente del Enacom destacó: “Dimos un gran paso para avanzar en la prestación al sector más necesitado de la población, y el Enacom va a ser un actor fundamental en el entrecruzamiento de las bases de datos con el Consejo Nacional. Nuestra intención es que, en treinta días, todas las empresas tienen que dar la prestación que tanto se necesita y con la que el Estado se comprometió”.

“Fue una reunión muy buena, positiva. Pudimos hablar de los problemas que eventualmente se están produciendo a la hora de que los clientes puedan tomar la PBU, con lo cual hemos armado una reunión de trabajo para poder ir solucionando estos temas y haciéndole más fácil a los clientes poder acceder”, aseguró Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales de Telefónica.

Por su parte, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, dijo que “quedamos en trabajar, y en cruzar información, para seguir impulsando este tipo de medidas dentro de las opciones que hay. Hoy el móvil en la Argentina tiene una penetración muy alta, llega a todos los sectores, un 60 por ciento de la población”.

La puesta en escena de la reunión y las intervenciones de los diferentes funcionarios dejó la certeza de que la Prestación Básica Universal en Argentina es una necesidad imperiosa para que las familias argentinas de menores recursos puedan acceder a la educación y a la salud y garantizarles la posibilidad de ese acceso. En julio luego de 3 mes es la situación aún continúa pendiente con un silencio que se parece al de los cementerios.

Estuvieron presentes, además de los funcionarios mencionados, el director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, Hernán Verdaguer; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos; y el subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información, Eduardo Brau. Por el Enacom estuvieron presentes además los directores Florencia Pacheco, Gonzalo Quillodrán, Alejandro Gigena y Gustavo López; y el director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva.

La disputa por servicios esenciales

La apelación ante el máximo tribunal realizada por el Enacom a principios de mayo, buscó modificar la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió la presentación realizada por Telecom Argentina S.A. y decretó una medida cautelar en su favor. La misma suspende los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, dos de los tres que la conforman.

Desconocer los esencial de estos servicios es desconocer derechos humanos de la población argentina y la representatividad democrática del gobierno del presidente Fernández.
La Justicia Federal con su fallo a favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690 desconociendo la representatividad democrática del gobierno nacional. Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos en su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding estructurada en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. Esta decisión reestablecería la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

El vicepresidente de Enacom, Gustavo López afirmó que “Ningún juez declaró inconstitucional este decreto. La medida cautelar lo que viene a hacer es a reemplazar al Legislativo y al Ejecutivo, porque terminan legislando dos jueces (ya que el fallo fue 2 a 1) en desmedro de los millones de usuarios que quedan desprotegidos y a merced del valor que fije la empresa”.

Para la patria cautelar, conformada por algunos sectores de la justicia que miran los intereses económicos y políticos de las empresas y son ciegos para la defensa de los intereses de los que menos tienen, hoy desconocen que en las elecciones democráticas del 2019 el pueblo se manifiesto mayoritariamente. Es el momento de profundizar el debate de los servicios públicos que fueron privatizados en la década del 1990 y el rol del Estado. Es necesario frenar este saqueo y desarrollar una política pública que garantice a los argentinos la disponibilidad de estos servicios esenciales.

El gobierno nacional dispone de mecanismos para realizarlo, el tiempo judicial no está a favor de los humildes ni de los ciudadanos que pagan por un servicio deficiente. Podemos crear las condiciones para estructurar una infraestructura para los servicios de TIC con valor agregado que integre la experiencia de ARSAT, las Cooperativas, Pymes y representaciones sectoriales, además de las grandes empresas privadas. No se trata de que las corporaciones privadas no ganen plata, se trata de que no continúen empobreciendo la Argentina y sus habitantes.

La infraestructura de la red es el soporte de la convergencia tecnológica signada por las telecomunicaciones y la producción y distribución de contenidos. Si no hay redes no es posible el desarrollo de la convergencia. La situación actual, muestra una superposición de redes de los diferentes prestadores del mercado que han privilegiado la facturación por sobre la calidad del servicio y se han desentendido la integración nacional.

El enorme esfuerzo que está realizando el Estado Nacional nos pone en la necesidad de profundizar estos debates y aportes para la construcción de una política de desarrollo de la Industria de las Telecomunicaciones. Es necesario que Enacom continúe profundizando la intervención en el sector en beneficio de los usuarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto como condición central para la calidad del servicio. Como es urgente la creación de un Ministerio de TIC que planifique, coordine y defina políticas de integración atendiendo la transversalidad de las implicancias de las TIC en la gestión del estado, la producción, la educación, la salud y los servicios para ciudadanos.

Un objetivo prioritario del gobierno nacional, para este año electoral, enunciado por el ministro Martín Guzmán, es que los salarios superen la evolución de precios y tarifas. La respuesta del poder económico y la patria cautelar está poniendo en duda esta premisa.

El Gobierno disputa con grandes prestadoras de luz y gas y gigantes de las telecomunicaciones. Si el Estado no logra imponerse, la consistencia del plan oficial está en peligro. El gobierno tiene a la representatividad ganada en las elecciones de 2019, puede ejercer la misma para cumplir con lo comprometido con sus votantes ya que la disputa es política.

*Alfredo Moreno Computador Científico Ing. TIC en ARSAT Profesor TIC en Univ. Nac. de Moreno publicado en Motor Económico 

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