Infancias sin hambre: necesitamos que sea prioridad en la agenda política

En la Argentina, hay niñas, niños y adolescentes (NNA) que crecen con hambre. De acuerdo a datos recientes del INDEC, 7.4 millones de NNA (57%) viven en condiciones de pobreza, y de ese total más de 1.8 millones (14,3%) lo hace en la pobreza extrema, es decir, sin acceder a una alimentación básica. Según UNICEF, el año pasado casi el 20% de los hogares con NNA en nuestro país se salteó al menos una comida al día. Esta situación es particularmente acuciante cuando se trata de hogares monomarentales, que representan el 11,7% del total de hogares en nuestro país, cuya tasa de pobreza es del 53%. 

Las políticas sociales, en particular las transferencias de ingresos a sus familias (Asignaciones Familiares, AUH y Programa Alimentar), son la principal forma de abordar la pobreza monetaria infantil a la que recurre el Estado. Datos de UNICEF permiten estimar que la AUH evitó que 1.2 millones de niñas y niños cayeran en la pobreza extrema. Pero, así como estas políticas son fundamentales, tal como están siendo implementadas, continúan siendo insuficientes.

Como sucedió en otras campañas electorales, en el debate público no se aborda esta situación ni se desarrollan propuestas para revertirla. Aunque los datos reflejan una realidad crítica, pasa otro proceso eleccionario sin que las fuerzas políticas hayan presentado soluciones al problema, ni de emergencia ni de largo plazo. Por el contrario, pareciera haberse instalado la idea de que la salida de la crisis económica sólo puede alcanzarse a través de ajustes en la inversión social. 

En ese escenario, las organizaciones de Infancia en Deuda llamamos a candidatos y candidatas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a trabajar en propuestas para revertir esta realidad de forma urgente y a presentarlas a la ciudadanía. Como primera medida, es prioritario que las prestaciones sociales se eleven hasta alcanzar una Canasta Básica Alimentaria para que cada NNA tenga garantizada su alimentación. Implementar esta reforma* implicaría una inversión menor (0,74% del PBI) a lo que el Estado dejó de recaudar por la quita del Impuesto a las Ganancias a sectores sociales con mayores ingresos (0,83% del PBI). 

Las infancias y adolescencias nunca pueden ser una variable de ajuste. El Estado debe reasignar los recursos que sean necesarios y modificar sus esquemas de recaudación para asegurar que accedan a la alimentación mínima que necesitan para crecer y desarrollarse con dignidad. Lo contrario, es condenarlas a vivir sin derechos.

*Incluiría a la AUH, al Programa Alimentar y al primer tramo de Asignaciones Familiares, que son los sectores de menos ingresos.

Firman:
– Aldeas Infantiles
– Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
– Asociación Civil Pata Pila 
– Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
– Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
– Fundación Kaleidos
– Fundación Sur Argentina
– Haciendo Camino

Fte: ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia