Presentaron el informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia”

El informe es el fruto del trabajo colectivo de las organizaciones que integran la Red, en él se abordan y analizan las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Javier Mieli en diferentes ámbitos, como lo es la Salud, Educación, las políticas represivas, economía, niñeces y adolescencias, género y diversidad, las políticas universitarias.

Durante la presentación Adolfo Perez Esquivel quien destacó "debemos difundir mucho este informe, tanto en nuestro país, como en el exterior".

La Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia está conformada por más de 130 organizaciones de DDHH, sociales, sindicales, antirrepresivas, de la abogacía, entre otras. La presentación se llevó a cabo en la sede  de ATE Nacional, en CABA.

La Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia es el resultado de la confluencia de más de 100 organizaciones de DDHH, antirrepresivas, sociales, sindicales, de géneros y diversidades, de la cultura, la salud, la educación, jurídicas y de la abogacía, académicas, entre otros muchos sectores, que exactamente hace un
año asumían el compromiso de sostener la lucha contra los atropellos cotidianos de la actual gestión de gobierno en forma conjunta, horizontal, diversa y en plena unidad.

En diciembre del año pasado, conscientes del ataque a los derechos, libertades y garantías que presumían se iba a padecer bajo el régimen que se iniciaba, se empezaron a reunir para construir un espacio colaborativo amplio que nos permitiera afrontar colectivamente acciones e iniciativas de defensa y resistencia que dieran respuesta
rápida y eficaz a esos ataques.

un año después, sostienen que la magnitud del atropello rompió todos los límites imaginables, con una  avanzada antiderechos, antipopular y contra todas las libertades democráticas y garantías que supera ampliamente aquel diagnóstico y pronóstico inicial. Pero la acertada decisión de trabajar desde la unidad de acción,

El informe presentado, entienden, es una condición imprescindible para dar la pelea que los convoca y
tener una caracterización acertada y precisa de los peligros que se enfrentan.

El extenso trabajo de 79 páginas se analiza las multiples políticas del gobierno de Milei en torno a la vulneración de derechos: económicos, laborales, violaciones a los DDHH, sociales, de inclusión y género, etc. desarrollamos en esta introducción el segmento sobre La situación de los DDHH en torno a la tríada MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Dice el informe:

Entendemos que la defensa y el respeto a los Derechos Humanos vinculados a la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia fundó en nuestro país un modo de respuesta inédita surgida a partir de la metodología de la desaparición forzada de personas. Si bien nuestra historia reconoce una alternancia sucesiva entre democracias formales y golpes militares, el último asalto al poder, ocurrido el 24 de marzo de 1976, apuntó a sembrar el terror con el fin de crear las condiciones de implementación de un modelo económico de exclusión que propiciaría un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de
mayoritarios sectores de la población. El saldo fue de 30 mil detenidas y detenidos desaparecidos, miles de presas y presos políticos, robo de bebés, exilio interno y externo, y un país devastado en el plano político, social, económico y cultural del que aún estamos padeciendo las consecuencias.

La represión masiva que involucró a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en su conjunto vino a sistematizar el accionar de grupos parapoliciales amparados por el Estado que actuaban hasta entonces. La respuesta de resistencia fue directamente proporcional a la magnitud del horror. Así Madres y Abuelas, el movimiento de DDHH y otros actores sociales fueron creando las condiciones para la reconstrucción de la Verdad, la implementación de políticas públicas de Memoria, dándole al lugar de la Justicia el estatuto de lo no negociable. Lo que se logró avanzar en la Argentina fue y sigue siendo ejemplo en el mundo entero, no solamente en el plano de las luchas de resistencia sino también en materia de Derecho, de la Justicia Universal y en el campo de los aportes científicos. Si podemos nombrar estas conquistas simbolizadas en el contrato social del “Nunca Más”, podemos decir también que mucho de esto es lo que hoy se pone en riesgo ante la ofensiva del actual gobierno
en materia de DDHH, que podemos nombrar en torno a la tríada Memoria, Verdad y Justicia.

A continuación describimos algunas de estas ofensivas:

- Expresiones de negacionismo y reivindicación de los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado

Advertimos la instalación en la agenda pública de los discursos de odio, el negacionismo y la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar. Las amenazas y ataques a referentes sociales y militantes de derechos humanos fueron incrementándose con el correr de los días. Se alienta así la discriminación y estigmatización de actores y colectivos involucrados.

El gobierno sostiene desde sus máximas autoridades, posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y califica como “curro de los derechos humanos” al proceso de justicia y como “adoctrinamiento” a las políticas de memoria y educación.
Consensos alcanzados por la sociedad parecen derrumbarse cuando desde todos los niveles del Estado y medios de comunicación vuelven a ponerse en cuestión estos principios.

- Visita de diputadas y diputados de la Nación a represores y condenados por delitos de lesa humanidad y acto en la ex ESMA.

Un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza (LLA) -integrado por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra- concretó una visita a un conjunto de genocidas detenidos en la Unidad Penal de Ezeiza el 11 de julio del corriente año. El hecho tomó estado público a partir de la difusión de una foto donde junto a los diputados y diputadas visitantes, aparecen posando los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo
Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), todos condenados por delitos de lesa humanidad.

El objetivo evidente de la acción –impulsada por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera quien actuó y está condenado por delitos cometidos en San Juan- era la generación y presentación de proyectos de morigeración de penas (prisión domiciliaria, excarcelaciones, libertad condicional, etc.) para beneficiar a los
condenados por delitos de lesa humanidad o incluso la elaboración de un proyecto de amnistía. A pesar del rechazo generalizado de gran parte del arco político no hubo sanciones para las y los diputados participantes.
En este marco también se realizó un acto por parte de suboficiales de la Armada en el ex centro clandestino de la ESMA, donde se reivindicó a la dictadura.

- Ataques y descalificación a referentes del campo de los DDHH, como Madres y Abuelas

El movimiento de organismos de derechos humanos ha sido y es modelo de una búsqueda de verdad y justicia en el marco de un estado democrático. También de la denuncia de otros tipos de violaciones a los derechos humanos en el país y en el mundo. El reclamo urgente y la denuncia del grave retroceso en materia de derechos
humanos le ha valido ser el blanco de ataques permanentes desde la gestión actual. Referentes indiscutibles y con larga trayectoria en la lucha y defensa de los derechos humanos son atacados, denostados.
Un caso emblemático es el ataque que sufre la Universidad de las Madres que, además de ser intervenida y desfinanciada, es objeto permanente de una campaña de desprestigio, mentiras y noticias falsas.

- Sobre la preservación de archivos vinculados al accionar represivo de la última dictadura cívico militar que permitan la continuidad de políticas de memoria tendientes a la no repetición y el acceso a la justicia de parte de
las víctimas.

Los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y a los integrantes del Sistema de Archivos de la Defensa (SAD), dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, fueron desmantelados. Se les informó la decisión de despedir a diez (10) de trece (13) personas trabajadoras del área, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos, y de derogar las Resoluciones N° 308/2010 y N° 1573/2023 de creación y otorgamiento de carácter permanente a los equipos, como así también la Resolución N° 1131/2015 de creación
y reglamentación del Sistema de Archivos de la Defensa. Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 en el Ministerio de Defensa y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales.

Los Equipos de Relevamiento y Análisis documental trabajan desde hace catorce (14) años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de Lesa Humanidad, tanto nacionales como internacionales. Todo ello a fin de dar cumplimiento con las obligaciones internacionales que contrajo el Estado de investigar y sancionar graves

violaciones a los derechos humanos, sumado al derecho a la verdad de las víctimas. La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por profesionales expertas y expertos civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística.

Por otra parte, fue desmantelado el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.

- Vaciamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas de memoria

Disolución de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI Por decreto, el presidente de la nación disolvió la Unidad Especial de Investigación (UEI), dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), organismo que se ocupa de la búsqueda de niñas y niños robados durante la dictadura.
Desmantelamiento de los Sitios de Memoria y áreas claves de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los Sitios de Memoria, lugares que funcionaron como centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio vienen siendo objeto de un vaciamiento y desfinanciamiento que tuvo uno de sus ejes centrales en los despidos de las trabajadoras y trabajadores que desempeñan allí diversos labores. Todas las obras de mantenimiento y reparación han sido frenadas desde diciembre pasado.

El personal despedido está altamente calificado y ha desarrollado una especificidad en la tarea realizada a los largo de los últimos quince años. Entre ellos se encuentran conservadores, arqueólogos, archivistas, docentes, productores audiovisuales, fotógrafos, arquitectos, abogados, historiadores, entre otros.
Desde las distintas áreas de la Secretaría de DDHH se realizan tareas que cumplen con la obligación estatal de generar medidas en pos de la no repetición de violaciones a los derechos humanos. En el caso del área de Leyes Reparatorias afecta el cumplimiento de las leyes nacionales sancionadas con la finalidad de contribuir a la reparación de los crímenes cometidos por el Estado argentino (Ley 24.411 y Ley 24.321 de Desaparición Forzada de Personas, Ley 24.043 de Indemnizaciones a personas puestas a disposición del PEN, Ley 25.914 de Indemnizaciones para Hijos e Hijas, Ley 26.564 y Ley 26.913 del Régimen Reparatorio para Ex Presos y Presa Políticas). La Dirección Nacional de Sitios debe garantizar la preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria y gestionar los sitios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos de acuerdo con el marco normativo de la Ley Nacional 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Es reconocido que esos lugares son la prueba material para las investigaciones que hoy lleva adelante la justicia en el marco del juzgamiento de los Delitos de Lesa Humanidad.

Informe completo acá