Desde la implementación del protocolo antipiquetes, la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Esta labor se realizó en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco del trabajo articulado con el Comité nacional para la prevención de la tortura y el Mecanismo local de CABA.
Estudios e infomes11/12/2024
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En 42 de las 60 manifestaciones monitoreadas agentes de las fuerzas policiales y de seguridad portaron armas de fuego a pesar de estar expresamente prohibido.
En las 17 manifestaciones en las que se reprimió, se registraron 1.216 personas heridas de distinta gravedad, resulta significativo que 98 personas heridas, un 8% del total, son trabajadores y trabajadoras de diferentes
medios de comunicación. Por otro lado, 24 defensoras y defensores de derechos humanos que monitoreaban las manifestaciones (un 1,9% del total) también fueron alcanzados por la represión
Hasta el 30 de noviembre de este año, se monitorearon 60 marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia. Este informe presenta un detallado análisis de las consecuencias que devienen de la política represiva planificada por el gobierno nacional y que afecta gravemente los derechos constitucionales de expresión, manifestación y petición a las autoridades.
En todas las manifestaciones hubo despliegue policial desproporcionado en número y recursos tanto en el lugar de convocatoria como en las zonas aledañas, cuyo objetivo se centró en el control del espacio público por parte de las fuerzas represivas.
La violencia estatal se desplegó como una acción dirigida a provocar temor en los manifestantes a fin de disuadir la protesta social. También cuando las manifestaciones eran de pocas personas. Cabe destacar que en 17 de las movilizaciones monitoreadas se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad; es decir, una de cada tres manifestaciones fue reprimida.
Y esta represión fue selectiva; la mayoría de los hechos se relevaron cuando se movilizaron las organizaciones sociales o piqueteras y los partidos de izquierda.
En el desarrollo de estas movilizaciones, las fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a manifestantes. En la mayoría de las detenciones se imputaron delitos como atentado y resistencia a la autoridad o daños; figuras delictivas que, por la escala penal que contempla, implica la rápida liberación de las personas detenidas.
Sin embargo, durante la jornada de la movilización en repudio al tratamiento de la Ley Bases, el día 12 de junio, se produjo la detención de 33 (treinta y tres) personas con intervención de la justicia federal. Estas detenciones representaron una nueva modalidad político-judicial agravada de penalización de la protesta social por incorporar la acusación de “terroristas”, “sediciosos” o “golpistas” a las personas aprehendidas.
Lo relevado a lo largo de este año en nuestra tarea de monitoreo permite advertir que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en particular los movimientos sociales, políticos y sindicales.
La política de represión y criminalización de la protesta social afecta derechos constitucionales y tiene una implicancia negativa y regresiva sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas.
La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó el informe elaborado a partir del monitoreo realizado en manifestaciones públicas y pacíficas, en un contexto donde el gobierno nacional aplicó la resolución 943/23 (conocida como “protocolo antipiquetes”), a fin de relevar el desempeño de las fuerzas de seguridad intervinientes.
Estas tareas se desarrollaron de manera conjunta con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT)
y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (MLPT-CABA); las acciones se inscriben en lo resuelto por el Consejo Federal de Mecanismos Locales y las
atribuciones conferidas por la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
También se coordinaron acciones con el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de
la Nación, la organización no gubernamental CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y las postas
sanitarias de partidos y organizaciones políticas que asisten a las personas heridas en las manifestaciones.
El monitoreo fue realizado respetando los estándares internacionales y nacionales en materia de observación de las manifestaciones públicas, conformando equipos previamente capacitados y utilizando la debida identificación
en relación al rol desempeñado.
.
Conforme al marco referido, los tres organismos que integramos del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura desarrollamos las tareas de monitoreo del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 60 movilizaciones desarrolladas en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024.
Durante este periodo la Comisión Provincial por la Memoria elaboró cuatro informes de monitoreo de la represión a la protesta social que fueron presentados al Congreso nacional, autoridades nacionales, provinciales y organismos internacionales de derechos humanos.
El primero fue por los hechos ocurridos los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, el segundo por los hechos del 18 de marzo, el tercero por la represión del 10 de abril y el cuarto por los hechos represivos del 12 de junio, todos de 2024.
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