Presentaron recomendaciones para coberturas sobre la dictadura cívico militar

El fenómeno de las noticias falsas se remonta a la última dictadura cívico-militar, cuando en el entonces centro clandestino de detención de la ESMA se desplegó una usina de noticias falsas. Fue uno de los temas que destacó la Defensora del Público, Miriam Lewin, durante el acto para presentar las “Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre la dictadura cívico militar y el proceso de memoria, verdad y justicia”, en el que también se remarcó la importancia de una comunicación veraz.

En el acto virtual participaron también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiantini; la fiscal ad hoc de la causa ESMA unificada, Mercedes Soiza Reilly; y la subsecretaría de Protección y Enlace internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Pochak.

También se lanzó el curso “La comunicación como derecho humano en el siglo XXI”, con palabras del director general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, Glenn Postolski, la directora de Capacitación de la Secretaría de Derechos Humanos, Gabriela Alegre y el director de Capacitación de la Defensoría, Sebastián Novomisky.

A propósito de las recomendaciones para una adecuada cobertura de los hechos relacionados con la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y del proceso de memoria, verdad y justicia, Lewin destacó que las noticias falsas, un fenómeno acaparó la atención política y mediática en los últimos años, “no nacieron en la era digital”.

“Sí circulan con mucha mayor velocidad por las redes sociales”, aclaró la Defensora, pero insistió en que “en la ESMA había una usina de noticias falsas. Una de las más notorias fue la falsa muerte de la dirigente montonera, Norma Arrostito”.

La militante política, destacó Lewin, “figuró como abatida, cuando en realidad había sido secuestrada ilegalmente, llevada a la ESMA y mantenida como un trofeo de guerra durante más de un año”. 

Antes de la presentación de las recomendaciones se firmó un convenio entre la Defensoría del Público y la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual fue definido como “natural con un organismo hermano” por la Defensora, que también aprovechó el momento para subrayar la necesidad de “promover y fortalecer el derecho humano a la comunicación”.

Luego, a propósito del lanzamiento de las recomendaciones, Lewin hizo énfasis sobre cómo, en el sótano de la ESMA, había una oficina de producción de audiovisuales, desde la que se realizaban “materiales que eran difundidos en el exterior y que pretendían neutralizar lo que los represores denominaban campaña antiargentina”, que no era otra cosa que la “denuncia de aquello que realmente sucedía en el país en materia de gravísimas violaciones a los derechos humanos”.

Pietragalla Corti se pronunció sobre “la suma importancia” de brindar a comunicadores y periodistas las recomendaciones, especialmente en materia de juicios de lesa humanidad. En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos recordó el desinterés que hubo durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en las causas de lesa humanidad. “Entendemos que no se están comunicando tampoco ahora lo suficiente las políticas de juzgamiento a los genocidas”.

“Hay que poner de vuelta en el lugar que corresponde a estos juicios que son históricos, no sólo para la memoria colectiva, para la verdad, para la justicia de nuestro país, sino creo que ya trasciende y que estos juicios son de una importancia muy grande a nivel universal”, agregó.

Efectivamente, las recomendaciones apuntan a informar sobre causas judiciales vinculadas con crímenes de lesa humanidad y a subrayar la importancia crucial que tienen las acciones en materia de educación y reparación que garanticen la no repetición de las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar.

En ese sentido, se aconseja darle visibilidad tanto a los sitios que se destinaron a la represión, la tortura y la muerte, como los actos cada 24 de marzo.

Al respecto, la Subsecretaria de Protección (DDHH) Andrea Pochak declaró que “nuestro proceso de memoria, verdad y justicia es un modelo a nivel mundial, y necesita seguir teniendo mucha y buena difusión. No alcanza con que se difunda si esa difusión no es buena”.

De ese modo, añadió que una buena cobertura de los juicios de lesa humanidad garantiza el derecho a la verdad, el cual tiene que ver con otro derecho, que es el “recibir información veraz, información objetiva, información cierta”.

En línea similar se pronunció Taty Almeida: “La comunicación tiene que ser veraz. Hay derecho a expresarse. Pero también tiene que haber sanciones para aquellos que no cuentan la verdad, que informan lo que quieren, que calumnian. Y ni hablemos del negacionismo, es lamentable que se siga negando lo que ocurrió. Es faltarle el respeto a la memoria de nuestros queridos hijos”.

Ni guerra sucia, ni dos demonios 

En las recomendaciones se propone poner énfasis en el sintagma “dictadura cívico-militar” y en evitar frases como “gobierno de facto” o “Proceso de Reorganización Nacional”, además de acentuar la responsabilidad del Estado en los graves crímenes cometidos por sus Fuerzas Armadas.

El despliegue estatal, entonces, no puede equipararse de ninguna manera con los delitos cometidos por organizaciones guerrilleras, por lo que recomienda prescindir de expresiones como “guerra sucia” o “teoría de los dos demonios”, se señala.

También se pide hablar de “apropiador” o “apropiadora” para los casos de niñas y niños robados, y no de “adopción”, así como evitar la minimización de la responsabilidad de los represores bajo el pretexto de aludir su estado psíquico.

Durante el transcurso del acto, la sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiantini, “Rosita”, hizo referencia a la falta de visibilidad mediática “de los juicios que tratan crímenes sexuales”.  Expuso: “Tienen que ser abordados de manera específica y autónoma. Las mujeres sufríamos las torturas que eran comunes a todos. Pero también estas torturas específicas por nuestra condición de mujer. Hay que darles voz a las víctimas”.

 Por su parte, la fiscal ad hoc de la causa ESMA unificada, Mercedes Soiza Reilly, sostuvo que “cuando hablamos de justicia, aún se preservan las viejas prácticas del proceso secreto. Esto nos lleva una vez más a sostener la necesidad de acceder a la justicia y a esa información judicial para que la sociedad pueda controlar” la gestión del Poder Judicial.

Las recomendaciones surgieron de una producción interdisciplinaria que involucró a titulares de juzgados y fiscalías, querellantes, sobrevivientes, familiares e integrantes de organismos de derechos humanos, entre otros sectores. Las cinco reuniones se desarrollaron entre noviembre del 2020 y febrero de este año y fueron supervisadas por Andrea Pochak.

 “La comunicación como derecho humano en el siglo XXI”

En el último tramo del acto se lanzó el curso titulado “La comunicación como derecho humano en el siglo XXI”. Glenn Postolski destacó el modo en que “los derechos son horizontes”.

De esa manera remarcó que “el derecho a la comunicación es un derecho que también está en disputa. Palabras que hoy forman parte de la cotidianidad –como posverdad, fake news, lawfare– implican la necesidad de construir y de trabajar en un saber compartido para poder abordarlo desde el Estado y con la sociedad, con el pueblo”.

“Deseamos que esas cosas, que van en detrimento de nuestra vida en común, de nuestra democracia, tengan de parte del Estado, de parte de los comunicadores, de parte de la ciudadanía, formas de entender esta etapa y  construir otros discursos, construir otras formas de interacción para una sociedad más justa”, concluyó Postolski.

Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre la dictadura cívico militar y el proceso de memoria, verdad y justicia completas :