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Torturas en Malvinas: de eso sí se habla
Las Actas de Recepción firmadas por los soldados en 1982 y desclasificadas recién en 2015 revelan que los conscriptos en Malvinas fueron víctimas de torturas y malos tratos por parte de sus superiores. Ante los escasos avances del Poder Judicial argentino en el esclarecimiento de los hechos, la causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Diálogos 16/05/2024 Evelina Ramírez“Todos los que estuvieron en las islas son héroes”, se escucha con frecuencia cuando la guerra de Malvinas se convierte en tema de conversación entre amigxs, compañerxs de trabajo o bien en la familia.
A 42 años de una guerra que sigue siendo una herida abierta, nos proponemos reflexionar sobre esta frase, que tiene una enorme complejidad. Porque no se trata de negar los actos de arrojo, valentía y coraje, sino de problematizar la identidad homogénea que las fuerzas armadas pretendieron construir durante y después de la guerra.
En tiempos donde el discurso negacionista avanza, es necesario volver a las fuentes: escuchar los testimonios y citar documentos históricos que dan cuenta de lo sucedido en la guerra. Y un tema sobre el cual recién en los últimos años se viene corriendo el velo de la desinformación son las torturas a las que el Ejército sometió a los soldados argentinos.
“A Malvinas fue el Ejército de Videla, no el del San Martín”, afirma con contundencia Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, una de las organizaciones querellantes en el juicio que investiga los vejámenes sufridos por soldados en durante la Guerra.
El 10 de abril de 1982, Alonso desembarcó en Malvinas. Era uno más de los jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio. Estuvo en la zona del Monte Longdon durante 64 días, junto a sus compañeros del Regimiento de Infantería Nº 7 de La Plata. Tras la derrota, volvió a bordo del crucero Canberra –el mismo que los diarios argentinos decían que se estaba hundiendo– el 19 de junio de 1982. “Apenas volvimos de Malvinas no nos recibió un equipo de asistentes sociales, sino el aparato represivo de la dictadura y nos impusieron el silencio. Nos dijeron que no teníamos que hablar, hubo amenazas”, recordó en diálogo con el portal Qué y VillaNos Radio, la emisora comunitaria de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz.
La causa por torturas en Malvinas se inició en 2007, ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Hasta el momento, 180 ex combatientes declararon como víctimas o testigos y fueron imputados 95 militares. Entre las torturas citadas, aparecen estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado, durante varias horas, incluso bajo bombardeos enemigos; amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, pasaje de corriente eléctrica y hambre extremo, entre otras.
Un soldado argentino en un momento de descanso / Foto: Daniel García
En la tarea de reconstrucción de los hechos, Alonso destacó la labor de la Secretaría de Derechos Humanos de Corrientes, a cargo del abogado Pablo Vassel, que empezó a visitar los centros de excombatientes y recopilar testimonios: “Lo mismo que decían los ex combatientes de Corrientes decíamos nosotros en la provincia de Buenos Aires. También lo decían los chaqueños, los compañeros de Trelew y los de Córdoba. Las vivencias eran idénticas”.
En 2015, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que la Corte Suprema de Justicia convalidó el fallo de la Cámara de Casación, en favor de uno de los imputados –Jorge Taranto–, en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. “Tuvimos que ir a Washington a buscar justicia”, se indigna Alonso.
El 6 diciembre del 2023, la CIDH admitió el caso, después de ocho años. “Sistemáticamente, desde el año 2015 hasta la fecha, enviamos toda la documentación que se fue agregando al expediente. El Estado nacional va a tener que responder a la instancia internacional. Entendemos que están todos los elementos suficientes. Si la justicia argentina no avanza, vamos hacia una condena al Estado argentino en tribunales internacionales. Es una vergüenza”, dice el representante del CECIM.
A pesar del revés judicial en la causa Taranto, los ex combatientes siguieron planteando nuevas denuncias ante el Poder Judicial argentino para que investigue y determine responsabilidades sobre los hechos ocurridos en las islas durante la guerra.
La importancia de los documentos
El 6 de abril de 2015, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 503/15 (1) a través del cual ordenó la desclasificación de toda la documentación vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur.
El decreto refiere también a una desclasificación del año 2012: la del Informe Rattembach (2) . Titulado originalmente como Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, analiza las responsabilidades de los diferentes estamentos de las fuerzas armadas durante el conflicto en Malvinas. “Que el accionar de la dictadura que consumó el terrorismo de Estado demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter ‘No Público’, no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal del Gobierno de Facto”, puede leerse.
La desclasificación de los documentos permitió que salieran a la luz las Actas de Recepción que firmaron los soldados al regresar al continente. Allí se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones derivadas del modo en que habían sido tratados en las islas.
Una de las actas da cuenta del testimonio de un teniente primero, quien relata que un oficial “lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”. Otro sargento también denuncia haber recibido “patadas en los testículos, motivo por el cual debe ser operado”.
“Muchos compañeros, con mucha valentía, en las Actas de Recepción que nos hicieron firmar, ya denunciaban las torturas. Estamos hablando del año ‘82. Había que tener mucha valentía para que se sentaran en las aulas de la escuela General Lemos, en Campo de Mayo, y el personal de inteligencia te decía: ‘Ojo con lo que vas a contar’. La posguerra nos costó horrores. No se nos escuchaba. Además, con las leyes de impunidad, tampoco se podía avanzar con las denuncias ni con los juicios”, destacó Alonso.
Las Actas de Recepción poseen gran valor testimonial para los procesos judiciales abiertos. Se trata de documentos de primera mano y confeccionados durante la dictadura. Las denuncias muestran el parentesco con los métodos usados en los campos de concentración, tortura y exterminio en el territorio continental. También evidencia la existencia de cadenas de mandos, donde aparecen nombres emblemáticos de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como Jorge Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Rodolfo Oscar Cionchi, Juan Carlos Rolón o Jorge Vildoza. Pero además figuran otros integrantes de las fuerzas armadas como Daniel Alejandro Delfor Polano del Campito, Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, responsable de la masacre a los militantes del ERP en Capilla del Rosario, Catamarca, en 1974; o Mario Benjamín Menéndez, jefe del Estado mayor del Ejército durante el Operativo Independencia, de 1975, en Tucumán, y más tarde gobernador de Malvinas, desembarcado a días de iniciada la guerra.
Foto del soldado Miguel Galloto, tomada por el médico Oscar Rojas
Una investigación desarrollada en 2019 por Cora Gamarnik, María Laura Guembe, Vanina Agostini y María Celina Flores, titulada El regreso de los soldados de Malvinas: la historia de un ocultamiento, da cuenta de que recién en 2015 trascendió la fotografía tomada al conscripto Miguel Galloto por parte del médico Oscar Rojas, un civil voluntario en las islas, quién le diagnosticó “avanzado estado de desnutrición”. El 6 de junio de 1982, Galloto logró llegar por sus propios medios y sin autorización oficial al buque Bahía Paraíso. Allí fue atendido por el profesional. Cuando llegó a las islas, Calloto medía 1,90 m de altura y pesaba 75 kilos. Cuando lo revisó el Dr. Rojas, pesaba 34 kilos (3).
Después, silencio y olvido
A los malos tratos y torturas se sumó también la imposición del silencio. A medida que llegaban al continente y tras ser trasladados a diversos espacios dispuestos por las fuerzas armadas, los soldados conscriptos eran obligados a firmar la Cartilla de recomendaciones a los soldados desmovilizados. El documento lleva la firma del subjefe II de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, coronel Mario Oscar Davico, una figura clave en el armado del andamiaje del terrorismo de Estado, que luego formó parte del grupo de represores argentinos que operó en Honduras.
La cartilla textualmente expresa: “Argentino, Usted ha sido convocado por la patria para defender su soberanía y oponerse a intenciones colonialistas y de opresión. Ello le obligó a una entrega total y desinteresada.
“USTED luchó y retribuyó todo lo que la patria le ofreció: el orgullo de ser argentino.
“Ahora la patria le requiere otro esfuerzo: de ahora en más usted deberá:
– Usted no debe ser imprudente en sus juicios y apreciaciones. No proporcionar información sobre movilización, organización del elemento al cual perteneció y apoyo con los cuales contó.
– Destacar el profundo conocimiento y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo.
– Exaltar los valores de compañerismo puestos de manifiesto en situaciones tan adversas.
– Remarcar que la juventud es capaz de hechos heroicos.
– No comentar rumores ni anécdotas fantasiosas, hacer referencia a hechos concretos de experiencias vividas personalmente”. (4)
Hoy, todos estos documentos corren riesgo. La decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de despedir a 10 de los 13 trabajadores que tenían los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las fuerzas armadas hace peligrar el resguardo de esa documentación central para los juicios por delitos de lesa humanidad. “Corre riesgo de que esos archivos desaparezcan. Los documentos hablan. Con esta decisión corre riesgo la historia de la República Argentina”, advirtió el excombatiente.
Y remarcó: “Hay que deconstruir la figura del héroe que dejó la dictadura militar. Se encargaron de edulcorar lo peor que le puede pasar a un pibe de 19 o 20 años, como es ir a una guerra. Los únicos héroes para nosotros son los pibes que están allá, en el cementerio de Darwin”.
Fuentes:
(1) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/245527/texto
(2) https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/01-InformeFinal.pdf
(3) https://journals.openedition.org/nuevomundo/76901
(4) https://www.comisionporlamemoria.org/recomendaciones-soldados/
* Periodista de Radio Villanos FM 100.7, Coopi, Villa Carlos Paz. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Prácticas supervisadas de trabajo final en la Secretaría de Producción y Transmedia de la FCC-UNC.
Nota publicada originalmente en el portal QUE de la FCC
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